Hechos clave

• Respaldo a la política hídrica federal: Carlos Torres Piña, coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía, apoyó la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar el acceso al agua.
• Inversiones y saneamiento: Tras el anuncio presidencial de nuevas inversiones en infraestructura hidráulica en Jalisco y el compromiso de sanear los ríos Lerma-Santiago, Atoyac y Tula, el coordinador señaló que Michoacán también enfrenta retos en abasto, contaminación y conservación de cuencas.
• Agua como patrimonio: Torres Piña afirmó que el líquido es patrimonio del pueblo y que debe llegar a las comunidades, con ríos limpios y un desarrollo económico que respete los recursos naturales.
• Justicia social: Subrayó que la transformación debe reflejarse en una familia con agua en su casa, un campesino que pueda producir y comunidades que conserven sus ríos y manantiales.

El coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía, Carlos Torres Piña, respaldó la política hídrica de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y planteó que el acceso al agua, el saneamiento de ríos y la protección de las cuencas deben entenderse como una responsabilidad fundamental del Estado con las comunidades y las futuras generaciones.

La postura fue expresada luego de que la presidenta anunciara nuevas inversiones para infraestructura hidráulica en Jalisco y reiterara el compromiso federal de sanear los ríos Lerma-Santiago, Atoyac y Tula. Para Torres Piña, ese enfoque no es ajeno a Michoacán: la entidad también enfrenta desafíos importantes en materia de abastecimiento, contaminación y conservación de sus cuencas hidrológicas.

El dirigente sostuvo que el agua no puede tratarse como una mercancía ni como un asunto secundario. En su visión, el líquido es patrimonio del pueblo y su distribución debe responder a criterios de equidad, sustentabilidad y justicia social. Por ello, consideró indispensable que las comunidades tengan garantizado el acceso al agua, que los ríos dejen de recibir descargas contaminantes y que el desarrollo económico no se imponga sobre la preservación de los recursos naturales.

“El agua es patrimonio del pueblo. Tenemos que garantizar que llegue a las comunidades, que nuestros ríos estén limpios y que el desarrollo económico respete nuestros recursos naturales”, expresó Torres Piña.

En el caso de Michoacán, el coordinador señaló que los retos hídricos son múltiples. No se trata solo de llevar agua a las viviendas, sino de asegurar que el abasto sea suficiente y constante, que las redes reduzcan pérdidas, que las descargas urbanas e industriales sean tratadas y que las cuencas mantengan capacidad de recarga. A ello se suma la presión sobre manantiales, ríos y lagos por el crecimiento urbano, las actividades productivas y los efectos del cambio climático.

Torres Piña destacó que esta preocupación también forma parte de los asuntos que deben atenderse mediante los encuentros territoriales y los espacios de diálogo con la población. Subrayó que las necesidades de las comunidades rurales, los pequeños productores y las familias que enfrentan dificultades para acceder al agua deben incorporarse a la discusión pública y a las propuestas para el desarrollo de Michoacán.

El planteamiento adquiere relevancia porque el derecho humano al agua y al saneamiento está reconocido en la Constitución mexicana desde 2012. Esa reforma estableció que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Sin embargo, la brecha entre el reconocimiento jurídico y la realidad cotidiana sigue siendo amplia en diversas regiones del país, donde persisten problemas de cobertura, calidad, intermitencia y contaminación.

En México, la gestión del agua enfrenta tensiones históricas. La disponibilidad promedio por habitante ha disminuido con el paso de las décadas debido al crecimiento poblacional, la sobreexplotación de acuíferos, la contaminación de cuerpos de agua y la pérdida de bosques y suelos que regulan el ciclo hidrológico. A ello se suman infraestructuras antiguas, fugas en redes de distribución y una limitada capacidad de tratamiento de aguas residuales en distintos municipios.

Los ríos Lerma-Santiago, Atoyac y Tula han sido señalados por autoridades, especialistas y organizaciones ambientales como casos críticos de contaminación. Sus cuencas concentran actividad industrial, urbanización y uso agrícola intensivo, lo que ha generado descargas de aguas residuales, residuos y sustancias que afectan la salud de los ecosistemas y de las poblaciones ribereñas. El compromiso federal de sanearlos implica no solo obras de tratamiento, sino también vigilancia, corresponsabilidad entre niveles de gobierno y participación social.

Para Torres Piña, la política hídrica debe tener una dimensión territorial. Michoacán forma parte de regiones hidrológicas relevantes, entre ellas la cuenca Lerma-Santiago, la Balsas y la del Tepalcatepec, además de contar con lagos y manantiales de alto valor ecológico, cultural y económico. Lagunas como Pátzcuaro, Cuitzeo y Zirahuén enfrentan presiones asociadas al cambio de uso de suelo, las descargas contaminantes y la variabilidad climática, lo que exige una mirada integral que incluya conservación, restauración y manejo comunitario.

El coordinador consideró que la infraestructura hidráulica es necesaria, pero insuficiente por sí sola. A su juicio, se requiere una estrategia que combine inversión pública, mantenimiento de obras, tecnificación del riego, tratamiento de aguas residuales, reforestación de zonas de recarga y educación ambiental. También estimó fundamental fortalecer a los organismos operadores de agua y promover una cultura de uso responsable, sin que ello signifique trasladar toda la carga a la ciudadanía.

En materia productiva, advirtió que el campo michoacano requiere certidumbre hídrica. Los pequeños productores, en particular, suelen enfrentar mayores dificultades para acceder a sistemas de riego eficientes, almacenamiento y asistencia técnica. Por eso planteó que la discusión sobre el agua debe vincularse con el desarrollo rural, la soberanía alimentaria y la protección de los bosques, pues sin cuencas sanas no hay posibilidad de mantener el abasto en el largo plazo.

Torres Piña también subrayó que la justicia social no se limita a programas sociales o apoyos económicos. En su perspectiva, la transformación debe sentirse en la vida cotidiana de la gente, y eso incluye que una familia tenga agua en su casa, que un campesino pueda producir y que las comunidades conserven sus ríos y manantiales. Esa idea, dijo, será llevada a los encuentros territoriales y a la discusión pública sobre el desarrollo de Michoacán.

El dirigente afirmó que la defensa de la soberanía también implica proteger el territorio y sus recursos naturales. Desde su lectura, no puede hablarse de desarrollo soberano si las decisiones sobre el agua se toman al margen de las comunidades o si los ecosistemas se sacrifican frente a intereses de corto plazo. Por ello, insistió en que la política hídrica debe construirse con transparencia, información pública y mecanismos efectivos de participación.

La discusión sobre el agua ocurre en un contexto de creciente preocupación por el estrés hídrico, los efectos del cambio climático y la necesidad de garantizar derechos básicos. Para Torres Piña, el reto consiste en pasar de los discursos a acciones verificables: obras que funcionen, ríos que se limpien, cuencas que se conserven y comunidades que participen en las decisiones. “La transformación tiene que sentirse en la vida cotidiana de la gente. Que una familia tenga agua en su casa, que un campesino pueda producir y que nuestras comunidades conserven sus ríos y manantiales es parte de la justicia social que queremos para Michoacán”, concluyó.

Source:MiMorelia.com News